Píldoras Informativas

El objeto de este artículo se centra en el estudio del régimen de impatriados español tras las modificaciones que se llevaron a cabo por la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. La globalización ha forzado a los legisladores nacionales a adoptar medidas incentivadoras con tal de atraer a trabajadores cualificados. Entre las medidas destaca la inclusión del teletrabajo. Si bien, la configuración del régimen español de impatriados abre el debate sobre si su aplicación cumple con el contenido del artículo 31 de la Constitución Española.

Resumen En el supuesto de directivos que forman parte del consejo de administración de una empresa, la indemnización por cese es una renta de trabajo, independientemente de la doctrina del vínculo. En consecuencia, como tal renta del trabajo, si se cumplen las condiciones para ello, sobre la parte de la indemnización no exenta se puede aplicar la reducción por obtención de rentas irregulares en las condiciones legalmente establecidas

La reciente Directiva GloBE establece un nivel de imposición global mínimo del 15% para los grandes grupos multinacionales. Dicha directiva se hace eco de la iniciativa denominada «Pilar Dos» promovida por la OCDE en el marco del proyecto BEPS 2.0. La regulación de este nuevo impuesto mínimo global ha incorporado reglas especiales para preservar la neutralidad fiscal de las instituciones de inversión colectiva y para evitar el uso indebido de estas con la finalidad de evitar el gravamen mínimo global. La elevada complejidad técnica de tales normas hace necesario un estudio en profundidad para poder prever cuáles pueden ser las consecuencias tributarias derivadas de la transposición y aplicación de la directiva a las instituciones de inversión colectiva.

El Tribunal Federal suizo ha tenido que que pronunciarse sobre la pertinencia de los Comentarios de la OCDE para la interpretación de los convenios fiscales. El Tribunal distinguió entre la versión de los Comentarios disponible cuando se celebró el convenio y las versiones posteriores. La versión existente en el momento de la celebración del convenio es muy pertinente de cara interpretar el convenio. Sin embargo, el Tribunal no dejó mucho margen de eficacia para los comentarios posteriores

El 22 de diciembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de empresas emergentes (en adelante, «Ley de Startups»). El objetivo de la referida Ley, según su Exposición de Motivos, es impulsar este tipo de empresas como uno de los motores de la recuperación y la modernización de la economía española, para lo cual, entre otras medidas, se introducen una serie de incentivos fiscales para impulsar el crecimiento económico de nuestro país.
Una de las medidas estrella incluida en la Ley de Startups fue la mejora del régimen fiscal especial aplicable a personas trabajadoras desplazadas a territorio español del artículo 93 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas («LIRPF»), comúnmente conocido como Ley Beckham, con el objetivo de atraer el talento extranjero, con efectos 1 de enero de 2023.

Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco, por su particularidad, de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ Cataluña), de 27 de julio de 20231, que aprueba la deducibilidad del gasto que un abogado en ejercicio realizó por la compra de unas corbatas; deducibilidad negada por el TEAR previo. Ya el Tribunal administrativo, en la resolución recurrida2, admitió la deducibilidad del importe satisfecho por la confección de un traje para el profesional, por lo que el motivo de rechazo del gasto en corbatas no está ligado a la presunta ausencia de correlación del mismo con los ingresos de la actividad, ni a la inexistencia de afectación de este complemento de vestir con su profesión, sino a la insuficiencia de documentación acreditativa del gasto y de su vinculación con el contribuyente; extremos que el TSJ Cataluña sí considera probados. Analizamos en este documento el criterio del TSJ Cataluña -y del TEAR precedente- para bendecir la deducibilidad de los gastos de vestuario, pero negar otros igualmente relacionados con el ejercicio de la actividad profesional, así como la doctrina más reciente de la Dirección General de Tributos (DGT) sobre este concreto asunto, que resulta contradictoria con la de algunos órganos revisores de la propia Administración y del orden jurisdiccional.

El criterio jurídico de conexión para determinar la Comunidad Autónoma de imposición en el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, viene determinado por el lugar de producción del rendimiento del Impuesto, que será la residencia habitual del donatario de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas del régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
La ausencia de un hijo de forma esporádica de la vivienda habitual durante la formación académica encaminada a su acceso al mercado laboral es una “ausencia temporal justificada” a efectos de determinar la residencia habitual.

Cuadro resumen de retenciones e ingresos a cuenta para el ejercicio 2024