Píldoras Informativas

El pasado día 13 de septiembre la OCDE publicó su Tax Policy Reforms: OECD and Selected Partner Economies, una publicación anual que realiza un seguimiento de la evolución de la política tributaria a lo largo del tiempo, y proporciona información comparativa sobre las reformas fiscales introducidas o anunciadas durante el ejercicio 2022, en 75 jurisdicciones miembros del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, y resto de países de la OCDE. Este año se centra en cómo las distintas jurisdicciones utilizaron la fiscalidad para responder al elevado nivel de la inflación durante el pasado ejercicio.

Este trabajo tiene como objetivo, en primer lugar, analizar los problemas que se plantean en el sistema europeo de protección multinivel de los derechos fundamentales y el papel que está desempeñando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) en esta tarea, repasando las claves para su aplicación y los problemas sobre su capacidad para limitar la actuación de los poderes públicos de los Estados, de acuerdo con los arts. 51.1 y 53 de la Carta. En segundo lugar, el trabajo se centra en analizar la proyección de la CDFUE sobre la reciente jurisprudencia del TJUE, en particular el alcance del art. 47 de la Carta en relación con asuntos planteados en el ámbito tributario, donde con frecuencia se trata de dirimir hasta qué punto existe un vínculo de conexión entre el derecho europeo y una normativa nacional de contenido procedimental. Esta problemática se extiende también al ámbito de los principios consagrados en la Carta, cuya escasa claridad juega en detrimento de la eficacia de los derechos, como muestra la difusa aplicación del principio de buena administración en el ámbito tributario.

La normativa alemana sujeta por obligación real a los fondos de inversión
inmobiliaria no residentes mientras que sus homólogos residentes están exentos
del impuesto resulta contraria al artículo 63 del TFUE. El TJUE considera que
esta diferencia de trato supone una restricción a la libertad de movimiento de
capitales en la medida en que se trata de forma distinta dos tipos de inversión
equivalentes solamente por motivo de su residencia fiscal. Esa diferencia no
queda justificada ni por razones de interés general ni por no poder ser
comparadas objetivamente ambas situaciones.

Si bien el Derecho de la Unión Europea prevé un sistema de exenciones obligatorias en el marco de la imposición de productos energéticos y de la electricidad, existe una excepción que permite a los Estados miembros gravar el carbón usado para producir electricidad «por motivos de política medioambiental». La normativa española del Impuesto sobre el Carbón cumple este requisito, puesto que el TJUE ha identificado un vínculo entre la estructura de este impuesto especial y el objetivo de influir en el comportamiento de los sujetos pasivos para proteger en mayor medida el medio ambiente.

El presente artículo aborda de manera crítica el acceso a los dos mecanismos de resolución de disputas en la aplicación de Convenios para evitar la doble imposición que existen en la Unión Europea, a saber, el Convenio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas y la Directiva de 2017 sobre sobre mecanismos de resolución de litigios fiscales, en supuestos de fraude fiscal, con la finalidad de mostrar las múltiples deficiencias en el diseño actual de estas normas y proponer soluciones que impliquen un mejor tratamiento de la cuestión.

Documentación de la Jornada «Apunte técnico: Temas de actualidad en materia de Fiscalidad Internacional. Grupo Fiscalitat Internacional»

El Tribunal Supremo, ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de mayo de 2021, y con ello ha modificado su propia doctrina jurisprudencial, al exigir a la Administración probar la existencia de abuso para poder aplicar la cláusula antiabuso contenida en el artículo 14.1.h) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (TRLIRNR). El Tribunal reprocha a la Administración que ésta deniegue, de manera automática y sin la más elemental actividad probatoria, la exención de retención en origen a los dividendos satisfechos por una entidad española a su matriz europea, por el solo hecho de que ésta sea propiedad de una sociedad residenciada en un país tercero.

Acuerdo Multilateral entre Autoridades competentes sobre intercambio automático de información relativa a los mecanismos de elusión del Estándar común de comunicación de información y las estructuras extraterritoriales opacas