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Real Decreto 152-2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022

Se prórroga la vigencia del Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022, por el artículo 100 del R.D.-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad («B.O.E.» 28 diciembre).

Se inician los trámites para la transposición de la DAC 7

El Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para la aprobación de un Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley General Tributaria con el objetivo de hacer efectiva la transposición de la Directiva UE 2021/514 (DAC 7), relativa a la cooperación en el ámbito de la fiscalidad y que tiene como principal novedad la obligación de intercambiar información con los otros países de la UE sobre los operadores de plataformas digitales.
Con esta transposición, recogida en un anteproyecto de ley que inicia ahora el trámite consultivo, se mejora la cooperación administrativa con la Unión Europea, ya que se dará cumplimiento al mandato contemplado en la directiva de facilitar el intercambio de información fiscal sobre estos operadores digitales

El Tribunal Supremo admite a casación la falta de creación de órganos de resolución de REA en los municipios de gran población

El Tribunal Supremo, mediante auto de 12 de enero de 2022, rec. 2928/2021, ha admitido a casación una cuestión que está causando cierta inquietud en las últimas semanas. La cuestión que se entiende que tiene interés casacional es la siguiente: Aclarar si, la falta de creación en los municipios de gran población del órgano especializado para resolver las reclamaciones económico- administrativas previsto en el artículo 137 LBRL , determina la nulidad de los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal, al privar el Ayuntamiento al contribuyente del derecho a la resolución de su reclamación económico-administrativas por un órgano especializado antes de acudir a la vía judicial.