Píldoras Informativas

Un grupo de académicos asociados a la Tax Justice Network (TJN) ha propuesto recientemente la aplicación de un tipo impositivo mínimo efectivo internacional (METR) para las multinacionales. El METR se ha concebido como una versión
revisada y modificada del concepto de impuesto mínimo global de GloBE que actualmente persigue el Marco Inclusivo sobre BEPS de la OCDE/G20. Al igual que GloBE, el METR ha sido diseñado para funcionar como un amplio instrumento contra BEPS. Sin embargo, la asignación internacional de derechos fiscales adicionales en relación con los beneficios que han sido gravados a un nivel demasiado bajo, así como el cálculo del impuesto complementario, diferirían del enfoque GloBE. Más concretamente, el METR se basaría en una fórmula de prorrateo para asignar los derechos de imposición, y permitiría a las jurisdicciones pertinentes recaudar un impuesto complementario proporcional que se corresponda con su propio tipo del impuesto de sociedades. Este documento analiza la compatibilidad del concepto de METR con los derechos de libre circulación de la UE/EEE. Llega a la conclusión de que el METR daría lugar a menos casos de discriminación -tal como se entiende en la jurisprudencia del TJUE- que un impuesto mínimo GloBE no modificado. Además, es posible adaptar las normas del METR para preservar el concepto básico, garantizando al mismo tiempo la ausencia casi total de un tratamiento
fiscal desventajoso de las situaciones transfronterizas. En ese caso, es probable que el TJUE acepte como justificadas las cuestiones marginales restantes.

Se dedida la Crónica de este año a analizar tres cuestiones: (i) la tributación de las comunidades de bienes que desarrollan una actividad empresarial, más concretamente, la fiscalidad de los comuneros que forman parte de estos entes contemplados en la legislación civil y tributaria (ii) los efectos del cese en la actividad económica en Canarias durante la fase de mantenimiento de las inversiones afectas a la RIC a través de la denominada materialización indirecta, y (iii) los cambios legales e interpretativos de 2020 en este incentivo fiscal. Tres cuestiones que han tenido un reflejo notable en la doctrina administrativa, jurisprudencia de 2019 y 2020 y la última amplia repercusión en la prensa local. Analizaré los tres asuntos monográficamente, remontándome al pasado para ver su evolución y llamando la atención sobre la alta conflictividad que suponen, como siempre, los criterios adoptados por la Administración Tributaria, y la importancia de los cambios legales publicados.

Tal vez la dicotomía que trata de evidenciar el título de este epígrafe puede parecer superficial e intrascendente si se considera el tenor literal del art. 41 de la CDFUE (en adelante, Carta) que reconoce el «Derecho a una buena administración».
Sin embargo, cualquiera que se aproxime al estudio de la cuestión en torno al concepto genérico de «buena administración» verá que uno de sus aspectos más problemáticos es el de su naturaleza jurídica. Puesto que la primera duda que surge es si estamos ante un «derecho» a la buena administración, que, incluso pudiera alcanzar el rango de derecho fundamental, o bien nos encontramos ante el «principio» de buena administración.

En Autos de 18 de marzo de 2021 (recurso de casación 8158/2020; ECLI:ES:TS:2021:2906A) y 15 de abril de 2021 (recursos de casación 8159/2020; ECLI:ES:TS:2021:4695A, y 8156/2020; ECLI:ES:TS:2021:4678A), la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha admitido los recursos de casación preparados por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia la siguiente cuestión: «Determinar la eventual incidencia de la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2020, en el asunto Saquetti Iglesias c. España (Demanda n.o 50514/13) —sobre la exigencia de una doble instancia de revisión jurisdiccional de las sanciones administrativas graves— en el vigente sistema de recursos contencioso-administrativos, cuando, como aquí acaece y en aplicación de los artículos 307.4.a) y312 TRLPEMM en relación con los artículos 10.1.m) y 86.1 LJCA, corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer en única instancia».

Las normas, cuanto más ajustadas a la realidad social, son (y también se perciben como) más justas. En la situación actual, por la dureza de las circunstancias y los medios con los que se cuenta, es fácilmente comprensible que las demandas y las expectativas de la ciudadanía en lo tocante a los sistemas fiscales y su buena administración sean crecientes. Además, la aspiración a la justicia tributaria ha de acompañarse de una mayor eficacia y eficiencia en el gasto público —ya que materialmente ha de legitimar las nuevas exigencias—, en especial tras haber entrado en la última Década de acción para el logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que orienta no sólo la política fiscal europea sino también la mundial.

Casi dos años después de su aprobación en el seno de la Unión Europea, la Directiva (UE) 2018/822 (comúnmente conocida como «DAC 6») ha sido finalmente transpuesta al ordenamiento jurídico español. En un contexto en que las operaciones transfronterizas revisten cada vez una mayor complejidad al tiempo que ganan aun mayor presencia en nuestro día a día, los operadores jurídicos y económicos se enfrentarán a partir de ahora al reto de dar cumplimiento a esta nueva obligación de información sobre la que aún se suscitan grandes interrogantes.

David Cañabate y Teresa Ruiz de Azúa, miembros del Grupo de Expertos en Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia, han elaborado este documento en el que se resume la Guía sobre la incidencia de la pandemia COVID-19 en las políticas de Precios de Transferencia, publicada por la OCDE el pasado 18 de diciembre. Esta guía trata de dar respuestas prácticas a cuestiones en materia de precios de transferencia que puedan surgir o agravarse a causa de la pandemia. La Guía se centra en cuatro puntos: (i) el análisis de comparabilidad; (ii) las pérdidas y reparto de costes generados por la COVID-19; (iii) programas de ayudas gubernamentales; y (iv) los acuerdos previos de valoración («APAs»).

El presente trabajo procede a realizar el estudio de la situación y problemática actual que se suscita, en el marco del Estado del Bienestar, por razón del exponencial desarrollo que viene experimentado, en los últimos tiempos, el fenómeno robótico, analizando el papel que el Derecho tributario está llamado a cumplir ante el impacto derivado de la robotización y las posibles medidas a adoptar en orden a paliar las consecuencias perjudiciales (fiscales y extrafiscales) que la misma puede llegar a comportar.