Píldoras Informativas

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Derecho a la deducción
del IVA soportado — Venta de un bien inmueble entre sujetos pasivos — Vendedor que es objeto de un procedimiento de insolvencia — Práctica nacional consistente en denegar al comprador el derecho a la deducción del IVA debido a que tenía o debería haber tenido conocimiento de las dificultades del vendedor para abonar el IVA repercutido — Fraude y abuso de Derecho — Requisitos y carga de la prueba—Presunción de abuso y derecho a la deducción del IVA soportado

Procedimiento de recaudación. Responsables tributarios. Responsabilidad solidaria del artículo 42.2.a) de la LGT. Elemento intencional.

Procedimiento de inspección. Notificaciones electrónicas. Posibilidad de realizar notificación a través de agente tributario en los días de cortesía señalados por el obligado tributario.

Procedimiento tributario. Requerimientos de obtención de información. Incompetencia de la ONIF para realizar requerimientos de información individualizados a una entidad no residente

La economía social ha sido desde hace tiempo objeto de estudio desde el punto de vista fiscal. En este ámbito, las cuestiones más espinosas se refieren al gravamen de la renta que las entidades del tercer sector derivan del ejercicio de actividades comerciales. Las preguntas a las que la investigación intenta dar respuesta son dos: ¿puede el deber de contribuir cumplirse con el desarrollo de actividades solidarias, como pueden definirse aquellas prestadas por estos entes? ¿Puede el principio de capacidad contributiva considerarse complementado con los beneficios obtenidos del estado por los servicios que prestan? Para responder adecuadamente, este estudio parte de una nueva y más amplia lectura del principio de capacidad contributiva del artículo 53 de la Constitución [italiana], retomando los estudios más recientes aceptados por el Tribunal Constitucional en la Sentencia núm. 72 de 2022, a la luz de la cual es también posible resolver la cuestión de los contra-límites constitucionales que pueden oponerse a posibles censuras de la Unión Europea a la legislación nacional centradas en la prohibición de ayudas de estado.

Los ambiciosos objetivos asumidos en materia de sostenibilidad exigen que se acometa una oleada de renovación del parque inmobiliario. Sin embargo, los incentivos públicos desarrollados hasta el momento parecen insuficientes, por lo que han comenzado a explorarse mecanismos de financiación alternativa, entre los que destaca el Property Assesed Clean Energy (PACE). El objetivo de este trabajo es analizar las principales características del programa PACE y examinar su posible introducción en nuestro ordenamiento jurídico, prestando especial atención a la naturaleza jurídica de la contribución exigida, su procedimiento de recaudación y las garantías legales en caso de impago.

Hoy en día, la reducción de emisiones para alcanzar el objetivo de 1,5 grados de calentamiento global, puede requerir, en muchos casos, la eliminación de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI) en forma de «emisiones negativas» que neutralicen las efectivamente generadas. En este contexto, cobran especial importancia determinadas actividades que reducen las emisiones de GEI o aumentan el secuestro de carbono, en la medida en que pueden producir créditos por la compensación de emisiones de carbono, susceptibles de ser transmitidos