Píldoras Informativas

La pandemia del COVID-19 tuvo una enorme repercusión en la actividad económica provocando, en ocasiones su paralización total y, en otras, importantes limitaciones para su ejercicio. Entre los muchos interrogantes que se plantearon entonces, uno de ellos fue el de si el Poder público (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) podía, en esas circunstancias, exigir el pago de tributos por el ejercicio de una actividad económica que ese Poder público había prohibido ejercer.
La respuesta a ese interrogante fue muy variada. Algunas Administraciones aceptaron la máxima de que un Estado no puede exigir un tributo por una actividad que el mismo Estado ha prohibido ejercer y reaccionaron no exigiendo el tributo, en todo o en parte, recurriendo al expediente técnico de reconocer exenciones o bonificaciones que compensaran esa imposibilidad de ejercicio de la actividad gravada. Otras Administraciones, en cambio, trataron de mantener la exigencia íntegra del tributo y dieron lugar a reclamaciones y procedimientos judiciales de los contribuyentes.

Resumen autos de admisión del recurso de casación – nuevas cuestiones. 15 de febrero hata el 12 de abril de 2023

El presente comentario tiene por objeto la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, 414/2023 de 28 de marzo de 2023, Rec. 4254/2021 en la que se establece la aplicabilidad de la STC 182/2021 de 26 de marzo a procedimientos respecto a los cuales ya se había preparado recurso de casación (pendientes aún de pronunciamiento sobre su admisión e incluso aunque su planteamiento respondiera a motivos distintos de la declaración de inconstitucionalidad. Asimismo, resuelve la cuestión de la aplicabilidad de la STC 182/2021 a cualquier situación que no entre en los supuestos de limitación al alcance del fallo previstos en el apartado b) del FJ 6º de la misma, resultando “indiferente”.

Se ha dictado recientemente la esperada sentencia que valora la constitucionalidad de regular por Decreto-ley 26/2021, de 9 de noviembre, determinados preceptos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) referidos al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), después de la inconstitucionalidad declarada de algunos artículos de dicha norma conforme a lo dispuesto en la STC 182/2021, de 26 de octubre.
En efecto, el recurso se había promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular, aduciendo que la regulación por decreto-ley de ciertos preceptos del TRLHL no es conforme a lo previsto en el art. 86.1 de la Constitución española (CE) por dos motivos esenciales: (i) no cumplirse el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad y (ii) afectarse el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos conforme al principio de capacidad económica previsto en el art. 31.1 CE.
Pues bien, el Tribunal Constitucional (TC), aludiendo de forma sistematizada a su propia doctrina, desestima el recurso de inconstitucionalidad referido al apreciar que no se infringe en modo alguno el art. 86.1 CE

La Iglesia católica cumple una función social muy importante dentro del Estado
español lo que la hace merecedora de un tratamiento fiscal especial desarrollado
con la firma del Acuerdo Económico del Estado con la Santa Sede sobre asuntos
económicos. No obstante, el desarrollo del sistema fiscal español a partir de la
Constitución española ha suscitado problemas de interpretación jurídica sobre la
aplicación de determinados beneficios fiscales a las actividades desarrolladas
por la Iglesia católica.
La aprobación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembredel Mecenazgo amplía los
supuestos de exención a los que puede acceder la Iglesia católica así como los
regulados en determinadas leyes tributarias.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que fue dictado con la finalidad de adaptar los preceptos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como Impuesto de Plusvalías,

La sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:412, Pon. Navarro Sanchís), ha establecido como doctrina jurisprudencial que la autorización para establecer tipos incrementados del IBI, prevista en el artículo 72.4 TRLRHL, se refiere única exclusivamente a los inmuebles cuyo “uso” aparece citado en la primera columna del cuadro de coeficientes del valor de las construcciones recogido en la norma 20 del anexo al Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio sin que sea admisible respecto de usos combinados o de segundo y sucesivos grados distintos de los que figuran en la columna denominada usos en el referido cuadro

Convenio entre la secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y la AEDAF en materia de gestión catastral e intercambio de información