Píldoras Informativas

Se analiza la situación actual de la jurisprudencia relativa al derecho de los profesionales, en especial, abogados, a beneficiarse de una reducción del 30 por ciento del importe de la renta de carácter irregular. Tras examinar el fundamento constitucional de esta ventaja fiscal y la evolución normativa se estudia el contenido de la doctrina emanada del Tribunal Supremo más reciente y consolidada sobre la materia generadora de la presunción del derecho abeneficiarse del incentivo fiscal cuando las rentas son irregulares. Se reseñan
las Senten ias de los Tribunales Superiores de Justica que han seguido el criterio del Tribunal Supremo

«Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido —
Directiva 2006/112/CE — Artículos 167 y 168 — Derecho a deducción — Denegación — Fraude fiscal — Práctica de la prueba — Suspensión del procedimiento relativo a una reclamación administrativa presentada contra una liquidación tributaria mediante la que se deniega el derecho a la deducción, a la espera del resultado de un proceso penal — Autonomía procesal de los Estados miembros — Principio de neutralidad fiscal — Derecho a una buena administración — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

«Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) —
Directiva 2006/112/CE — Artículo 168 — Derecho a deducción — Prestación de servicios postales exenta por error — IVA que se considera incluido en el precio comercial de la prestación a efectos del ejercicio del derecho a deducir — Exclusión — Concepto de IVA «devengado o pagado»»

«Procedimiento prejudicial — Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común
del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículos 179 y 183 —
Derecho a deducción del IVA — Regulación — Compensación o devolución del excedente de IVA — Obligaciones de pago adicionales — Principio de neutralidad fiscal — Principios de equivalencia y de efectividad»

«Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Desplazamiento de
trabajadores — Directiva 2014/67/UE — Artículo 20 — Sanciones — Proporcionalidad — Efecto
directo — Principio de primacía del Derecho de la Unión»

La reciente doctrina del Tribunal Supremo en relación con el procedimiento de revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones, dictada en tres recientes sentencias – SSTS de 9 de febrero de 2022, rec. 126/2019, de 14 de febrero de 2022, rec. 442/2019 y de 4 de marzo de 2022, rec. 7052/2019, puede suponer en la práctica, una nueva vía de impugnación de liquidaciones que hayan adquirido firmeza en vía administrativa, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de 4 años de prescripción.

En el Consejo de ministros extraordinario celebrado el pasado sábado, 25 de junio, se aprobó el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma (BOE 26-06-2022). Esta norma contiene un paquete de medidas que busca proteger a los sectores más vulnerables, así como paliar los efectos de la guerra y las tensiones inflacionistas en los ciudadanos y las empresas del país. El Real decreto-ley entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 27 de junio de 2022, aunque algunas medidas se regulan con efectos a partir del 1 de julio de 2022. A continuación, detallamos las medidas que afectan al ámbito tributario y otras medidas de interés.

La norma regula la determinación del hecho causante para pensión de jubilación y así ampliar la protección otorgada y adecuarla a los cambios sociolaborales y a la evolución económica. Además, establece de forma expresa la fecha en que ha de fijarse el hecho causante de la prestación de ingreso mínimo vital, haciéndolo coincidir con la fecha de presentación de la solicitud. Y también se modifican diversas normas reglamentarias que afectan a los distintos ámbitos de la gestión para mejorarla en los múltiples aspectos que esta abarca.