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Gabinete de Estudios de AEDAF
Revista Técnica Tributaria, Nº 137, Sección Transferencia, Segundo trimestre de 2022, AEDAF

La presencia en el sistema de Justicia Administrativa de las reclamaciones económicoadministrativas goza de gran tradición en nuestro Ordenamiento Jurídico, como es bien conocido (1) por lo que no vamos a extendernos sobre ello; en los últimos años, ha habido numerosos pronunciamientos de la Jurisprudencia, entendida esta expresión en su más amplio sentido y que se ha ocupado de cuestiones nuevas, y a ellas nos vamos a referir en las líneas que a continuación siguen y que se van a ocupar entre otras cuestiones de la propia Jurisdicción económicoadministrativa, de su amplitud, de la legitimación, de la cuantía y de los actos de ejecución como cuestiones más destacadas.

La modernidad económica, representada por «nuevos» modelos de negocio digitales no necesitados de una presencia física para erigirse en líderes de mercados multimillonarios, o se ha visto correspondida con la modernidad jurídico-tributaria. Nuestra normativa tributaria no es una excepción y se ha quedado francamente rezagada para someterlos a gravamen. Este es el caso del basado en la generación de contenido online, en el que intervienen dos actores claramente diferenciados: por un lado, la persona física generadora del contenido; y por otro, la plataforma intermediaria proveedora del servicio, generalmente, para algún gigante digital. En el caso de YouTube, es Google, y en el caso de Twitch, es Amazon. Para abordar el problema se han propuesto soluciones, pero francamente ineficientes y sin duda insuficientes para abordar la realidad y esencia de esa modernidad económica.
Por ello, en este trabajo se va a analizar en profundidad el régimen tributario actual de los generadores de contenido y las plataformas intermediarias, para poder proponer soluciones que bien supongan articular nuevos regímenes fiscales (especiales), o bien una econfiguración de otros de reciente creación, pero francamente poco útiles, como el establecido por Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Con el fin de alcanzar los objetivos de sostenibilidad y ahorro energético en el sector inmobiliario, es decisivo mejorar, tanto la accesibilidad a la financiación, como el empleo generalizado de medidas fiscales, más eficaces y beneficiosas, para los contribuyentes. A lo largo del presente trabajo, se tratan los principales, que no únicos, beneficios tributarios para el ahorro energético en el sector de la construcción, a la vez que se proponen posibles mejoras para impulsar desde la esfera fiscal una transformación urbanística más sostenible

El presente trabajo tiene por objeto analizar el final de la llamada doctrina del
«tiro único», de acuerdo con la cual no cabe la posibilidad de dictar nuevos
actos administrativos tributarios, sustitutivos de los anulados, no ya sólo
cuando la causa de la anulación resida en un vicio material o de fondo, sino
también cuando el defecto lo sea de carácter adjetivo o formal. Asimismo se
reflexiona acerca del alcance de la doctrina del «doble tiro», en virtud de la cual
la Administración tributaria puede volver a dictar una nueva liquidación cuando
una anterior ha sido anulada siempre y cuando no se hubiese producido la
prescripción de aquélla y en la medida en que se respeten todas aquellas
cuestiones respecto de las cuales hubiese recaído una resolución firme así como
las propias garantías de defensa del contribuyente.

Se analiza la situación actual de la jurisprudencia relativa al derecho de los profesionales, en especial, abogados, a beneficiarse de una reducción del 30 por ciento del importe de la renta de carácter irregular. Tras examinar el fundamento constitucional de esta ventaja fiscal y la evolución normativa se estudia el contenido de la doctrina emanada del Tribunal Supremo más reciente y consolidada sobre la materia generadora de la presunción del derecho abeneficiarse del incentivo fiscal cuando las rentas son irregulares. Se reseñan
las Senten ias de los Tribunales Superiores de Justica que han seguido el criterio del Tribunal Supremo

«Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido —
Directiva 2006/112/CE — Artículos 167 y 168 — Derecho a deducción — Denegación — Fraude fiscal — Práctica de la prueba — Suspensión del procedimiento relativo a una reclamación administrativa presentada contra una liquidación tributaria mediante la que se deniega el derecho a la deducción, a la espera del resultado de un proceso penal — Autonomía procesal de los Estados miembros — Principio de neutralidad fiscal — Derecho a una buena administración — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

«Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) —
Directiva 2006/112/CE — Artículo 168 — Derecho a deducción — Prestación de servicios postales exenta por error — IVA que se considera incluido en el precio comercial de la prestación a efectos del ejercicio del derecho a deducir — Exclusión — Concepto de IVA “devengado o pagado”»