Píldoras Informativas

Documento sometido a trámite de información pública
27 de septiembre de 2022
Proyecto de real decreto xx/2022, de xx de xx, por el que se modifica el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aprobado por el real decreto 439/2007, de 30 de marzo, para dar cumplimiento a las medidas contenidas en el estatuto del artista en materia de retenciones

Documento recapitulativo con la relacción de las últimas resoluciones del TEAC y de los TEARs

Legislación correspondiente al período del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2022

IRPF. Ganancias patrimoniales. Determinación del valor de transmisión en la transmisión onerosa de participaciones de entidades no cotizadas. Aplicación del art. 37.1.b de la LIRPF.

Procedimiento de recaudación. Responsables tributarios. Responsabilidad solidaria del artículo 42.2.a) de la LGT. Elemento intencional.

Procedimiento de inspección. Notificaciones electrónicas. Posibilidad de realizar notificación a través de agente tributario en los días de cortesía señalados por el obligado tributario.

Procedimiento tributario. Requerimientos de obtención de información. Incompetencia de la ONIF para realizar requerimientos de información individualizados a una entidad no residente

La economía social ha sido desde hace tiempo objeto de estudio desde el punto de vista fiscal. En este ámbito, las cuestiones más espinosas se refieren al gravamen de la renta que las entidades del tercer sector derivan del ejercicio de actividades comerciales. Las preguntas a las que la investigación intenta dar respuesta son dos: ¿puede el deber de contribuir cumplirse con el desarrollo de actividades solidarias, como pueden definirse aquellas prestadas por estos entes? ¿Puede el principio de capacidad contributiva considerarse complementado con los beneficios obtenidos del estado por los servicios que prestan? Para responder adecuadamente, este estudio parte de una nueva y más amplia lectura del principio de capacidad contributiva del artículo 53 de la Constitución [italiana], retomando los estudios más recientes aceptados por el Tribunal Constitucional en la Sentencia núm. 72 de 2022, a la luz de la cual es también posible resolver la cuestión de los contra-límites constitucionales que pueden oponerse a posibles censuras de la Unión Europea a la legislación nacional centradas en la prohibición de ayudas de estado.