Tiempos convulsos para la imposición municipal. Y después de la plusvalía, le tocará al IAE
El IAE ha sido desde su origen una figura controvertida en cuanto a su adecuación a los principios de justicia tributaria del artículo 31.1 de la Constitución. En especial, no son pocos quienes aprecian una posible contradicción con el principio de capacidad económica por adoptar un hecho imponible (el mero ejercicio de actividades económicas) que implica el gravamen de una riqueza potencial y por servirse, además, de un método de cuantificación de las cuotas que arranca de unas tarifas arcaicas y diseñadas a partir del difuso concepto de beneficio medio presunto y que se halla, por tanto, escasamente vinculado a los resultados reales obtenidos por el obligado tributario.