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La posibilidad de impugnar el valor catastral con ocasión de la impugnación de la liquidación del IBI. Las circunstancias excepcionales y sobrevenidas que justifican el bypass del recurso
El Tribunal Supremo, en dos sentencias de 3 de junio de 20201 relativas a sendos recursos de un matrimonio en separación de bienes, se pronuncia sobre la procedencia de la devolución de ingresos indebidos derivada de un procedimiento de subsanación de discrepancias catastrales. Dicho de otro modo, se pronuncia sobre los efectos tributarios de una resolución de un procedimiento catastra
El 26 de octubre de 2021 se publicó en la web del Tribunal Constitucional (TC) una nota que anticipaba parcialmente el fallo de la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley de Haciendas Locales (TRLRHL).
Dos días después se filtró el borrador de la sentencia, que finalmente coincidió con el documento publicado en la web del Tribunal Constitucional el pasado 3 de noviembre, así como el texto del voto particular presentado por el magistrado Conde-Pumpido Touron (al que se adhirió la magistrada Balaguer Callejón) y el voto concurrente del magistrado González Rivas.
En el momento de la preparación de esta nota todavía no se ha publicado en la BOE la sentencia, por lo que técnicamente no se han producido todavía los efectos jurídicos derivados de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos citados, según dispone el artículo 38.uno de la Ley Orgánica 2/1978, del Tribunal Constitucional (LOTC). En todo caso, la relevancia del fallo y la limitación de efectos contenida en el mismo obliga a todos los operadores jurídicos a conocer el significado y alcance de dicha declaración de inconstitucionalidad
El Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6
Desde el Ayuntamiento de Madrid nos han trasladado que, conscientes de las dificultades por las que atraviesan los sectores más castigados por la crisis sanitaria de la COVID-19, ha decidido mantener en este ejercicio 2021 las bonificaciones específicas que, para paliar la grave situación económica, se implantaron el verano pasado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
El Tribunal Constitucional, en una decisión sin precedentes -porque la STC 45/1989, se compartan o no sus argumentos, justificó la limitación de efectos en ella contenida- ha decidido prescindir de la Constitución que le corresponde interpretar, pero de la que no debería prescindir.
El Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que ha sido aprobado en el Congreso el pasado miércoles 30 de junio, establece un nuevo concepto jurídico, denominado valor de referencia (VR), que servirá para la valoración de los inmuebles a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP).
El valor de referencia se configura como un valor objetivo de los inmuebles obtenido a partir del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos de las compraventas inmobiliarias efectuadas en zonas consideradas homogéneas. Ese valor de referencia tendrá una vigencia anual y no deberá ser superior al valor de mercad
la Plusvalía Municipal es un impuesto que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos -no la construcción- y que se pone de manifiesto como consecuencia de su transmisión o de la constitución o transmisión de derechos reales limitativos del dominio sobre los mismos. Ahora bien, numerosos son los casos en los que, al transmitir un inmueble, resulta difícil individualizar el valor del terreno y el valor de la construcción del precio total de la transmisión, sobre todo, en aquellos casos en los que en las escrituras no se diferencian dichos valores.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado, recientemente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de febrero de 2021, que resuelve el recurso de casación número 4847/2019.