Píldoras Informativas

Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) modificó en 2020 su doctrina precedente , los órganos de lo económico-administrativo, en su actual configuración, carecen de la habilitación para presentar cuestiones prejudiciales en los términos previstos en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, TFUE) . Y, hasta la fecha, parece que la mera resignación sea la respuesta dada por el legislador español.