Píldoras Informativas

Si prestamos atención a las serias dificultades que está atravesando el sector primario de nuestra economía en la actual coyuntura, es fácil percatarse del frecuente abandono de tierras, en gran medida fruto del minifundismo que impide la rentabilidad económica de muchas explotaciones agrarias y forestales en nuestro país, con el consiguiente daño social y medioambiental. Al respecto, cabe transcribir el tenor literal del artículo 40 de la Constitución Española de 1978, apartado 1: «Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo»; y también del artículo 45, apartado 2: «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva»

Aquello que no se pudo lograr durante el procedimiento legislativo de tramitación de la norma comunitaria (el consenso sobre el alcance del secreto profesional de los asesores fiscales para interpretarlo de manera uniforme en la Unión Europea), ha propiciado la polémica una vez llegado el momento de aplicar las normas internas de transposición de la conocida DAC6 (1) .

Hoy en día, la reducción de emisiones para alcanzar el objetivo de 1,5 grados de calentamiento global, puede requerir, en muchos casos, la eliminación de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI) en forma de «emisiones negativas» que neutralicen las efectivamente generadas. En este contexto, cobran especial importancia determinadas actividades que reducen las emisiones de GEI o aumentan el secuestro de carbono, en la medida en que pueden producir créditos por la compensación de emisiones de carbono, susceptibles de ser transmitidos

En el ámbito de la tributación empresarial probablemente se avecinen algunos cambios significativos, cuyo calado conviene anticipar. Se pretende alterar el entorno corporativo, internacional y digital, claramente por motivos fiscales. Esta mutación estratégica —que requerirá forzosas adaptaciones a la hora de ejercer una actividad económica— va a alcanzar, de una u otra manera, a todas las empresas. En función de su tamaño, podrán resultar afectadas, bien por ver cómo se limita la concesión de determinadas ventajas fiscales para atraer inversión directa extranjera [en lo sucesivo, IDE]; o bien por ser conducidas —sin demasiadas vías de escape— hacia una nueva forma de interactuar, irecta e indirectamente a través de otros agentes, con la administración tributaria de una manera cada vez más integrada, quizás cruzándose un punto de no retorno. A continuación, se resumen y valoran los rasgos más llamativos de estos dos posibles escenarios.

En el recién publicado Libro blanco sobre la reforma tributaria se estima conveniente plantear una revisión del actual IRPF para potenciar sus funciones recaudatoria y redistributiva e intentar reducir los costes de eficiencia. Esto afecta en gran medida a los beneficios fiscales vigentes y futuros. Se reconoce que «su versatilidad [la del IRPF] permite también introducir incentivos en favor de aquellas actividades o rentas que en cada momento son prioritarias para los principios rectores de la política económica» (1) . Ahora bien, con el objetivo de ensanchar la base imponible de este impuesto, se recomienda la supresión de «exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no está justificado»

Es sensato recapacitar cuando las formas empleadas, por muy vanguardistas que parezcan, afectan al fondo de un asunto de manera grave e inesperada. Siempre pueden buscarse vías adicionales para mejorar una situación puntual que no acaba de satisfacer por completo a todas las partes implicadas en una relación jurídica. Así sucede, en algunos casos, con los procesos de automatización en curso en el ámbito tributario, ya que muchos conllevan una mayor exigencia de datos, el establecimiento de nuevos métodos de volcado y de mecanismos de interrelación entre ellos para su mejor provechamiento, sucesivas orientaciones a los obligados en un entorno cambiante, amén de la necesidad de que existan infraestructuras seguras correctamente utilizadas conforme a su potencial legalmente permitido.

La necesidad de contar con recursos suficientes para financiar el gasto público necesario en aras del desarrollo sostenible tras la pandemia está llevando a diversos organismos internacionales a ofrecer múltiples orientaciones a los Gobiernos de todo el mundo sobre cómo conseguir fondos adicionales mediante la puesta en marcha de posibles reformas tributarias. Desde luego, las opciones disponibles son muy variadas y su acomodo a los distintos sistemas dependerá de la concreta situación de cada Estado (a menudo se distingue entre economía avanzada, emergente o en desarrollo a la hora de fijar los destinatarios de algunas recomendaciones específicas). No obstante, con carácter general, llaman la atención algunas propuestas expresadas más o menos abiertamente, que se escuchan de manera reiterada en distintos foros en los últimos meses, razón por la que conviene dedicarles estas páginas.

Las normas, cuanto más ajustadas a la realidad social, son (y también se perciben como) más justas. En la situación actual, por la dureza de las circunstancias y los medios con los que se cuenta, es fácilmente comprensible que las demandas y las expectativas de la ciudadanía en lo tocante a los sistemas fiscales y su buena administración sean crecientes. Además, la aspiración a la justicia tributaria ha de acompañarse de una mayor eficacia y eficiencia en el gasto público —ya que materialmente ha de legitimar las nuevas exigencias—, en especial tras haber entrado en la última Década de acción para el logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que orienta no sólo la política fiscal europea sino también la mundial.