Píldoras Informativas

En casos excepcionales de la llamada responsabilidad «en cadena», el responsable solidario del art. 42.2 LGT puede impugnar el acto de derivación de su responsabilidad con fundamento en la declaración de fallido del deudor principal que, a su vez, sirvió de presupuesto para declarar como deudor tributario a un responsable subsidiario

El cómputo del plazo de prescripción cuando no se aprecia la existencia de delito pero sí de obligación tributaria, es lo que se plantea en esta sentencia y determina, además, en qué momento se debe entender reiniciado ese plazo una vez dictada la resolución judicial firme que declara la inexistencia del delito fiscal.

Al extinguirse el derecho de usufructo por fallecimiento del usufructuario y consolidarse el pleno dominio sobre el bien en el nudo propietario, solo se ha producido un hecho imponible y un solo devengo por el ISyD, resultando de aplicación las normas vigentes al tiempo del desmembramiento del dominio, tanto para determinar la cuota tributaria como para aplicar sobre ella las deducciones y
bonificaciones previstas en la correspondiente legislación autonómica.

Resumen
Las actuaciones administrativas de recaudación seguidas frente al deudor principal solo interrumpen el plazo de prescripción de la deuda derivada al responsable, si con carácter previo éste ha sido formalmente declarado como deudor tributario junto al obligado principal

Resumen
Se analiza el posible componente sancionador de la conducta que, como responsable solidario, queda recogida en el art. 42.2, a) LGT, y la posible fundamentación en el principio non bis in ídem de la oposición a un segundo procedimiento de derivación de responsabilidad, instruido tras la anulación de otro anterior con el mismo fundamento legal.

En estas líneas se comenta la sentencia del Tribunal Supremo arriba identificada
donde se exige a los órganos de la Administración tributaria que, al iniciar un
procedimiento de comprobación de valores, justifiquen la necesidad de sus
actuaciones, con fundamento en la presunción de veracidad de los datos
declarados conforme a lo dispuesto en el art. 108.4 LGT.