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La doctrina de las teorías jurídicas defectuosas y su aplicación al Derecho Financiero y Tributario

En este trabajo se expone la doctrina de las teorías jurídicas defectuosas, elaborada en el seno del Derecho Administrativo, así como las peculiaridades que dicho planteamiento puede presentar en su aplicación al Derecho Financiero y Tributario. Además, se formulan varios ejemplos razonados de teorías erróneas (la interpretación restrictiva de las exenciones y beneficios fiscales) y defectuosas (los excesos conceptualistas en la interpretación del principio de capacidad económica, la teoría sobre los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en materia tributaria y la teoría de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias).

Instrumentos jurídico-financieros frente al reto demográfico. Conveniencia de las medidas fiscales e implicaciones del derecho de la Unión Europea

En el presente trabajo, tras aproximarnos al origen, causas y principales
consecuencias del problema de la despoblación de las zonas rurales en nuestro
país, analizamos, en un primer momento, las principales políticas adoptadas
(tanto a nivel nacional como europeo) frente al reto demográfico—prestando
especial atención a las arbitradas en materia de gasto público— para, a
continuación, estudiar las actuales tendencias de discriminación fiscal positiva
aplicadas en esta materia en los diversos niveles de nuestra Administración
territorial y su conveniencia, así como la problemática del encaje de estas
medidas tributarias en el Derecho comunitario, especialmente a la luz del marco
jurídico de las ayudas de Estado.

Fincas rústicas – propuesta para la admisibilidad de su dación en pago y revisión de medidas tributarias autonómicas para el mejor aprovechamiento de los bienes inmuebles en el sector agroforestal

Si prestamos atención a las serias dificultades que está atravesando el sector primario de nuestra economía en la actual coyuntura, es fácil percatarse del frecuente abandono de tierras, en gran medida fruto del minifundismo que impide la rentabilidad económica de muchas explotaciones agrarias y forestales en nuestro país, con el consiguiente daño social y medioambiental. Al respecto, cabe transcribir el tenor literal del artículo 40 de la Constitución Española de 1978, apartado 1: «Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo»; y también del artículo 45, apartado 2: «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva»