Consecuencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de junio de 2022 sobre la responsabilidad patrimonial del estado legislador
Como es sabido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia para anular actos legislativos o administrativos de los Estados miembros. Pero sus sentencias son obligatorias para los Estados, desde el día de su pronunciamiento, como disponen los artículos 91.1 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y 121 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Además, el artículo 260.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea impone a los Estados el deber de “adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal”.
La principal medida que debe adoptar el Reino de España es, obviamente, una reforma legislativa, con modificación de los preceptos afectados y siguiendo las pautas de la sentencia.
Como es sabido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia para anular actos legislativos o administrativos de los Estados miembros. Pero sus sentencias son obligatorias para los Estados, desde el día de su pronunciamiento, como disponen los artículos 91.1 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y 121 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Además, el artículo 260.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea impone a los Estados el deber de “adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal”.
La principal medida que debe adoptar el Reino de España es, obviamente, una reforma legislativa, con modificación de los preceptos afectados y siguiendo las pautas de la sentencia.
